Cuando no hay tratado o convención internacional, el Estado requerido está facultado para acordar la extradición, pero no está obligado a concederla.
La propuesta en cuestión se tramita bajo el número de expediente 23.701, fue presentada por la jefa oficialista Pilar Cisneros y como se dijo, pretende modificar el artículo 32 de la Constitución, que hoy simplemente dice “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”, para añadir “salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
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Cuba es un país insular en el Caribe. Debido a su estatus como una nación soberana, Cuba no tiene acuerdos de extradición con otros países.
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Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad own y familiar y a la propia imagen
En tales situaciones, cualquier solicitud de extradición se manejaría website caso por caso, y el país requerido tiene más libertad para aceptarla o rechazarla según su propia legislación y consideraciones políticas o humanitarias.
Además de estos 2 casos, también existen otros 22 paísesde todo el mundo a los que España puede solicitar la entrega de personas con órdenes de búsqueda y captura, gracias al Convenio Europeo de Extradición firmando en 1957. No obstante, en la práctica son 21, dado que Rusia no ha llegado a ratificar ese tratado.
También es importante subrayar que la lista puede estar sujeta a cambios, ya que las relaciones diplomáticas son dinámicas y los acuerdos pueden firmarse o rescindirse con el tiempo.
nine. ¿Pueden los ciudadanos de países con tratados de extradición ser extraditados a otros países?
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Así, la PGR pondera que “dado que ni el artworkículo 31 ni el 32 constitucionales protegen un derecho fundamental o humano a la no extradición de nacionales, el Poder Reformador (Asamblea Legislativa) está facultado para realizar la reforma constitucional parcial si desea elevar a rango constitucional este tema, sin necesidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para llevar a cabo la reforma absoluta de la Constitución”.
Oposición a la ejecución de operaciones de contratos formalizados en escritura pública o póliza intervenida, alegando motivos de fondo